El Congreso aprueba la Ley de Rehabilitación: obligaciones de conservación y nueva ITE

La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que introduce nuevas obligaciones en materia de conservación de los inmuebles y modifica la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para incorporarle criterios de eficiencia energética como el certificado energético, obligatorio a partir del 1 de junio.

El proyecto de ley, que ahora pasará a ser tramitado en el Senado antes de su aprobación definitiva, ha incorporado finalmente la veintena de enmiendas propuestas por el PP, además de casi medio centenar de propuestas de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y PNV, la mayoría de las cuales han sido transaccionadas.

El dictamen de la Comisión ha sido respaldado por el PP, mientras que el PSOE y CiU se han abstenido, y la Izquierda Plural y el PNV han votado en contra del texto, que con las nuevas disposiciones adicionales incluidas a propuesta del PP introduce cambios en una decena de normas que nada tienen que ver con su objetivo original.

PP: Poner fin a carencias normativas

El portavoz ‘popular’, Andrés Ayala, ha destacado que la ley acaba con carencias normativas largamente vigentes, y se ha defendido de las principales críticas de la oposición negando que se invadan competencias autonómicas y señalando que “no es muy consecuente” hacer esa acusación mientras se pide financiación del Estado para las actuaciones de rehabilitación y regeneración.

En este sentido, ha recordado que son los Planes de Vivienda los que incluirán las ayudas del estado para las intervenciones, y que “sólo en ausencia de la intervención pública o de los propietarios serán otras empresas privadas las que pueden entrar”. “Decir que eso es un negocio y que se beneficia a las promotoras me parece una crítica bastante fácil y que no responde a la realidad”, ha apostillado.

Además, ha rechazado que se introduzcan nuevas exigencias de conservación, que “son las que se fijaban en la Ley de Suelo”, y ha asegurado también que “lejos de reducirse las garantías de realojo, se regulan para toda España” y se flexibiliza en algunos casos para garantizar los derechos de los ocupantes de la vivienda.

PSOE: Oportunidad perdida

La responsable de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, cree que este proyecto de ley es una “buena iniciativa” cuyos objetivos y necesidad comparte, si bien cree que la “disposición a negociar” por parte de los ‘populares’ no se ha materializado finalmente en acuerdos más amplios, “a pesar de estar todos de acuerdo en que esta ley es necesaria”.

No obstante, ha lamentado que se quedará “en una oportunidad perdida” ante la negativa del grupo mayoritario a incluir modificaciones profundas en aspectos como la financiación, la moratoria de cuatro años en la obligación de reservar suelo público o el “guirigay” que creará la nueva certificación energética, que entrará en vigor cuando “la norma aún no esté aprobada en el Senado ni haya normas para desarrollar la ley”.

También ha insistido en su temor de que algunas familias con “especial vulnerabilidad” puedan ser “víctimas de un desalojo de sus viviendas” por no tener recursos para hacer frente a sus nuevas obligaciones de rehabilitación, dando lugar a una nueva tipología de desahucio.

Por último, la diputada ha reprochado a los ‘populares’ que hayan unificado en un mismo proyecto “un montón de cuestiones que nada tienen que ver” y que supondrán la modificación de una decena de normas diferentes. “Por eso nos abstendremos en la votación, sin entrar a valorar el contenido, si es oportuno o no. Tráiganlo por separado y cumplan la norma, porque ésta no es la primera vez que pasa”, ha pedido, apostillando que el PSOE se “reserva la posibilidad de seguir denunciando y reclamando estas técnicas parlamentarias de abuso y burla”.

CiU: Invade competencias

El portavoz de Fomento de CiU, Pere Macias, ha dicho que el proyecto de ley es “positivo” y que comparte “los objetivos y la mayoría de los instrumentos”, aunque ha reclamado que se separe el concepto de rehabilitación de los de regeneración y renovación urbanas para evitar invasiones competenciales, ya que estos dos últimos temas están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos al entrar en el marco del urbanismo.

Además, ha insistido en la necesidad de que se acompañe el proyecto de “los mecanismos legales para ayudar a financiar la rehabilitación” porque sin fondos la reforma se quedará “a mitad del viaje” y ha agradecido al PP su disposición a pactar con la oposición, invitándole a llegar aún más allá.

Izquierda Plural: Es insuficiente

Por IU-ICV-CHA, Ascensión de las Heras ha coincidido con la “importancia y necesidad” de esta ley como elemento “determinante” en el cambio productivo y en la reactivación económica, pero rechaza la visión “excesivamente economicista” de concebir esta materia, que supone “dirigir la mirada a la rehabilitación como oportunidad de negocio”.

Además, ha lamentado la “inhibición” de lo público en este sector, así como su falta de financiación. “Se hace descansar en exceso la responsabilidad de la rehabilitación y su financiación en los particulares, lo que podría crear problema para las personas con menos recursos”, ha avisado, criticando por último la incorporación de enmiendas sobre “materias totalmente ajenas” al proyecto y que se “cuelen de rondón” modificaciones sobre “temas importantes sin debate”, como por ejemplo el régimen sancionador.

Isabel Sánchez Robles, del PNV, ha reconocido que el proyecto incluye propuestas “interesantes” y que “la norma es buena”, si bien existe una “cuestión insalvable” para no poder apoyarla, como es la invasión de competencias autonómicas. “La hubiéramos apoyado gustosamente si no fuera por eso”, ha insistido.

No obstante, los nacionalistas vascos también creen que las medidas que se regulan en esta materia “sólo son atractivas con un mercado inmobiliario al alza”, y ha lamentado que no haya medidas de apoyo económico suficiente, “sobre todo para los colectivos más desfavorecidos” y ha previsto que su aplicación plantee “dificultades prácticas” para los ayuntamientos.

Finalmente, la diputada del BNG Rosana Pérez ha coincidido en que el proyecto de ley invade competencias autonómicas, carece de financiación y no evita la especulación con el suelo, por lo que es “claramente insuficiente”.

Fuente: El Mundo