La Junta de Andalucía registra más de 20 certificados de eficiencia energética en 14 días

El registro que ha habilitado la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta para controlar la elaboración de los certificados de eficiencia energética ha contabilizado ya más de una veintena. Esto significa que más de 20 propietarios de pisos en alquiler o en venta han presentado en la Junta el documento obligatorio desde hace dos semanas, el 1 de junio. Hasta ahora el certificado solo se exigía en las viviendas de nueva construcción pero ahora es un requisito que deben cumplir las de segunda mano y los locales. La Junta no tiene aún el perfil de las viviendas analizadas y la calificación obtenida, que va de la A a la G en función de la eficiencia energética.

El certificado debe presentarlo el propietario, que ha de comunicar a las inmobiliarias los datos de la etiqueta obtenida para que la plasmen en sus anuncios. Agustín León, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba, explica que las inmobiliarias no están recibiendo estos datos. La razón es que no se vende, por lo que “hasta que el propietario no venda o alquile no presenta el certificado”. Las inmobiliarias están informando a sus clientes de este nuevo requisito. En las dos primeras semanas está habiendo “mucha confusión, ya que hay muchos que no saben que deben tenerlo”.

Los arquitectos son uno de los colectivos que están autorizados para elaborar los certificados. El decano del colegio de Córdoba, Felipe Romero, asegura que “se está haciendo y va funcionando, ya que nuestros colegiados están muy preparados”.

La asociación de consumidores Facua Córdoba, por su parte, valora positivamente la exigencia de este documento para “conocer el estado de las viviendas y a mejorar nuestros recursos energéticos”, pero plantea dudas. En este sentido, su presidente, Francisco Martínez Claus se pregunta “¿qué ocurrirá con aquellas viviendas antiguas que pueden llegar a tener la peor calificación energética, la G? ¿qué va a significar esto para ese parque de viviendas que es el mayor que existe y, por ende, para sus propietarios?”. Tampoco ve claras otras cuestiones como quién paga el certificado.

Martínez Claus piensa que en las viviendas nuevas “no hay problema” para saber quién debe correr con los gastos, pero “para el resto, el Real Decreto del 5 de abril sobre Certificación de la Eficiencia Energética solo dice que deberá aportarlo el interesado, aunque no dice quién debe correr con los gastos”. A su juicio, esto puede “terminar en muchos de los casos repercutiendo el coste del certificado en el valor de la vivienda”. “Quién es el interesado? ¿comprador o vendedor o arrendador o arrendatario?”, se pregunta.
Precios

Otro de los problemas que ve Facua es que el precio del certificado no está regulado por el real decreto, por lo que “nos tememos que podrán existir notables diferencias entre un profesional y otro”. Por ello, Facua Córdoba recomienda la solicitud de diferentes presupuestos a los distintos profesionales encargados de la emisión de este tipo de certificados porque, según su presidente, “seguramente nos podremos llevar alguna sorpresa importante en los precios”.

Fuente: Diario Córdoba